martes, 12 de febrero de 2013

El deber de Rajoy




Tengo la costumbre de ir al cine con cierta frecuencia, es un arte que admiro y que me divierte y, aunque parezca una perogrullada, me gusta ver la película por la que he pagado y cuya entrada me han entregado en taquilla. Supongo que si algún día, después de acceder a la sala, no se pudiera proyectar la película elegida por mí y tuvieran que ofrecerme otra, aunque fuera de mayor calidad cinematográfica,  me darían la opción de abandonar la sala devolviéndome el importe pagado. Sería lo justo y tan de cajón, que no creo que nadie lo ponga en duda.

Pues bien, en el día de hoy nos dice nuestro Presidente de Gobierno que reconoce que no ha cumplido sus promesas electorales pero que ha cumplido con su deber…¡toma ya! No sé qué sustancia habrá ingerido D. Mariano para decir tamaña estupidez  sin ni siquiera sonrojarse, una tontería que supone componer la cuadratura del círculo del engaño político. Y es que, Sr. Rajoy, parece mentira que usted ignore, o quiera ignorar que el primer deber (y casi único, diría yo)  que tiene un político elegido por los ciudadanos es cumplir con su promesas electorales. Y si no puede o no quiere cumplirlas, y cree que es necesario proyectar otra película diferente a la que en su día prometió a los que le compraron la entrada introduciendo una papeleta en una urna, se les da la posibilidad de devolverles el dinero a los  que quieran salirse de la sala. Y eso, Sr. Presidente, consiste en convocar nuevas elecciones diciendo: “señores, este programa electoral por el que me han elegido no se puede cumplir, el que yo entiendo que se debe hacer es este otro por estos motivos… vuelvan ustedes a depositar la confianza en mí si lo estiman oportuno”.

Claro que entonces, quizás tendríamos un amago de sistema democrático y no un “trágala partitocrático”  como el que se ve que lucimos.

Y por si alguna persona de una nación desarrollada leyera este blog y no se creyera lo que digo, aquí dejo la prueba:





domingo, 3 de febrero de 2013

El indulto prevaricado




Según el artículo 62 de nuestra Constitución, corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Es lo que conocemos por indulto, una medida de perdón de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de la pena a un condenado por sentencia firme, que otorga S.M., a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Parece, a todas luces, una medida extraordinaria para evitar las injusticias que, al resultar humanamente imposible tener unas leyes perfectas en toda la infinidad de casos posibles, pudiera cometer nuestro sistema judicial. Como suele dibujarse, la justicia debe ser ciega y actuar conforme a la estricta literalidad de la ley, sin prejuicios, ni ideología, ni opiniones subjetivas del juez. Eso quizás en algún caso pueda provocar sentencias legalmente perfectas pero injustas.

En este sentido; aun con el riesgo de que sirva en ocasiones para salvar de la cárcel a los amigos del Gobierno, provocando escándalos como la puesta en libertad del conductor homicida atendido por el bufete del hijo del Ministros de Justicia, cuyos efectos han intentado limpiar dando bombo y platillo a otro indulto de una pobre madre que usó una tarjeta de crédito encontrada en la calle para comprar pañales y comida para sus hijas; puede parecer entendible a ojos del ciudadano el que exista una medida así.

Ahora bien, si un indulto sirve para corregir un fallo que pueda tener la ley por algún resquicio, entiendo, desde mi ignorancia en materia legal, que debería ser obligatorio, tras otorgar una medida de gracia, realizar una reforma en la ley; para subsanar posibles errores futuros.

Pongamos el caso de la madre perdonada (el del kamikaze homicida no hay por donde cogerlo salvo si utilizamos el término, no sé si utilizable para un Ministro de Justicia en un caso así, de prevaricación): Tras el indulto, el Consejo de Ministros debería proponer una reforma en el Código Penal en la cual se haga constar, para el delito de robo o hurto o similar, un atenuante suficientemente importante que evite la pena de cárcel a quien cometa un robo necesario para el mantenimiento de los hijos… o como legalmente deba redactarse. De este modo, con esta obligación, primero, evitaremos en parte que se repitan perdones con prevaricación como el del conductor homicida (a ver qué reforma iba a atreverse a redactar Gallardón), y segundo, conseguiremos que en un futuro un caso similar como el de la madre comentada se resuelva en una primera instancia ahorrando disgustos a ella y a su familia y costes al erario público.

Si esto hubiera sido así desde inicios de la democracia, al menos nos hubiéramos reído al leer la reforma de la Ley que hubiera tenido que redactar el Gobierno de Aznar cuando (obedeciendo al Rey, según mi opinión) indultó a Vera y Barrionuevo. Eso sí que sería aquello de la imaginación al poder…