sábado, 4 de mayo de 2013

El pacto estuvo las urnas



Nadie me negará que cuantas más personas se adhieran a un pacto de actuación en cualquier grupo, mejor será y, sobre todo más democrático. Un pacto será más representativo y cumplirá mejor su función en relación con el porcentaje de individuos que se unan o lo apoyen; es de cajón.

Pues bien, como quiera que en una país democrático el sujeto de derechos es el ciudadano y el voto al que tiene derecho es la unidad de medida, mientras más votos consiga cualquier propuesta, más consensuada estará; esto también es de 1º de columpios.

Y viene a cuento porque, como siempre cuando no están  en el poder, a los socialistas no les gusta que el Gobierno actúe; no aceptan nunca la derrota y quieren intervenir en la acción del gobierno como sea, bien intentando golpes de Estado como en el 34 o tras el 11M, bien movilizando a sus allegados para que pidan un cambio de sistema, o bien, ahora, pidiendo meter las narices en la acción de gobierno con un gran pacto.

Por supuesto, enseguida, intentando recuperar parte del poco prestigio que le quedaba antes de sus últimos "affaires", la Corona se ha unido a esta idea, queriendo restablecer relaciones con los que precisamente más abogan por la república. Allá el. Acepto como principio que la Jefatura de Estado haga algo más que presidir desfiles, sobre todo cuando la situación del país es tan dramática, pero no es ése el camino, majestad.

Y es que, volviendo al argumento de inicio, un programa de gobierno que presentó el PP hace poco más de un año, tuvo un apoyo de 10.830.693 electores, mayoría absoluta. ¿Quiere alguien más CONSENSO y mayor PACTO?

Pues déjense de historias para que no vayamos a aquello que dijo Napoleón de que "si quieres  que algo no se resuelva crea una comisión" y cumplan el programa electoral que la mayoría de los españoles votó, que es el único contrato válido entre el pueblo soberano y el gobierno y en el que, dicho sea de paso y como final, se hablaba de una bajada de impuestos, Sr. Rajoy.


martes, 12 de febrero de 2013

El deber de Rajoy




Tengo la costumbre de ir al cine con cierta frecuencia, es un arte que admiro y que me divierte y, aunque parezca una perogrullada, me gusta ver la película por la que he pagado y cuya entrada me han entregado en taquilla. Supongo que si algún día, después de acceder a la sala, no se pudiera proyectar la película elegida por mí y tuvieran que ofrecerme otra, aunque fuera de mayor calidad cinematográfica,  me darían la opción de abandonar la sala devolviéndome el importe pagado. Sería lo justo y tan de cajón, que no creo que nadie lo ponga en duda.

Pues bien, en el día de hoy nos dice nuestro Presidente de Gobierno que reconoce que no ha cumplido sus promesas electorales pero que ha cumplido con su deber…¡toma ya! No sé qué sustancia habrá ingerido D. Mariano para decir tamaña estupidez  sin ni siquiera sonrojarse, una tontería que supone componer la cuadratura del círculo del engaño político. Y es que, Sr. Rajoy, parece mentira que usted ignore, o quiera ignorar que el primer deber (y casi único, diría yo)  que tiene un político elegido por los ciudadanos es cumplir con su promesas electorales. Y si no puede o no quiere cumplirlas, y cree que es necesario proyectar otra película diferente a la que en su día prometió a los que le compraron la entrada introduciendo una papeleta en una urna, se les da la posibilidad de devolverles el dinero a los  que quieran salirse de la sala. Y eso, Sr. Presidente, consiste en convocar nuevas elecciones diciendo: “señores, este programa electoral por el que me han elegido no se puede cumplir, el que yo entiendo que se debe hacer es este otro por estos motivos… vuelvan ustedes a depositar la confianza en mí si lo estiman oportuno”.

Claro que entonces, quizás tendríamos un amago de sistema democrático y no un “trágala partitocrático”  como el que se ve que lucimos.

Y por si alguna persona de una nación desarrollada leyera este blog y no se creyera lo que digo, aquí dejo la prueba:





domingo, 3 de febrero de 2013

El indulto prevaricado




Según el artículo 62 de nuestra Constitución, corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley. Es lo que conocemos por indulto, una medida de perdón de carácter excepcional, consistente en la remisión total o parcial de la pena a un condenado por sentencia firme, que otorga S.M., a propuesta del Ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Parece, a todas luces, una medida extraordinaria para evitar las injusticias que, al resultar humanamente imposible tener unas leyes perfectas en toda la infinidad de casos posibles, pudiera cometer nuestro sistema judicial. Como suele dibujarse, la justicia debe ser ciega y actuar conforme a la estricta literalidad de la ley, sin prejuicios, ni ideología, ni opiniones subjetivas del juez. Eso quizás en algún caso pueda provocar sentencias legalmente perfectas pero injustas.

En este sentido; aun con el riesgo de que sirva en ocasiones para salvar de la cárcel a los amigos del Gobierno, provocando escándalos como la puesta en libertad del conductor homicida atendido por el bufete del hijo del Ministros de Justicia, cuyos efectos han intentado limpiar dando bombo y platillo a otro indulto de una pobre madre que usó una tarjeta de crédito encontrada en la calle para comprar pañales y comida para sus hijas; puede parecer entendible a ojos del ciudadano el que exista una medida así.

Ahora bien, si un indulto sirve para corregir un fallo que pueda tener la ley por algún resquicio, entiendo, desde mi ignorancia en materia legal, que debería ser obligatorio, tras otorgar una medida de gracia, realizar una reforma en la ley; para subsanar posibles errores futuros.

Pongamos el caso de la madre perdonada (el del kamikaze homicida no hay por donde cogerlo salvo si utilizamos el término, no sé si utilizable para un Ministro de Justicia en un caso así, de prevaricación): Tras el indulto, el Consejo de Ministros debería proponer una reforma en el Código Penal en la cual se haga constar, para el delito de robo o hurto o similar, un atenuante suficientemente importante que evite la pena de cárcel a quien cometa un robo necesario para el mantenimiento de los hijos… o como legalmente deba redactarse. De este modo, con esta obligación, primero, evitaremos en parte que se repitan perdones con prevaricación como el del conductor homicida (a ver qué reforma iba a atreverse a redactar Gallardón), y segundo, conseguiremos que en un futuro un caso similar como el de la madre comentada se resuelva en una primera instancia ahorrando disgustos a ella y a su familia y costes al erario público.

Si esto hubiera sido así desde inicios de la democracia, al menos nos hubiéramos reído al leer la reforma de la Ley que hubiera tenido que redactar el Gobierno de Aznar cuando (obedeciendo al Rey, según mi opinión) indultó a Vera y Barrionuevo. Eso sí que sería aquello de la imaginación al poder…



martes, 1 de enero de 2013

Los sueldos de los políticos


Siempre he defendido la idea, poco popular en estos momentos lo reconozco, de que los sueldos de los políticos, sobre todo los de alto y medio nivel nacional o autonómico, son una auténtica miseria. Que el salario anual del Presidente del Gobierno sea poco más de 78.000 € me parece una verdadera ridiculez... mi jefe, por ejemplo,  que es un cargo intermedio de una empresa media de carácter nacional, gana más; y seguro que en mi pequeña ciudad hay más de 100 personas que ganan más que eso.


No veo yo a una multinacional más o menos importante ofreciendo ese salario a su Consejero Delegado en España, por poner un ejemplo: Seguro que sabe que, si quiere tener a uno de los mejores, tiene que pagar mucho más. Y no quiero detenerme mucho en el asunto de los deportistas profesionales, sólo con afirmar que Messi, con sus 15 millones netos anuales, gana en dos días más que Rajoy en un año, deja clara la situación.


¿Queremos de verdad tener buenos políticos o seguir con esta demagogia que hace que podamos tener ministros sin una licenciatura universitaria o sin ninguna experiencia profesional de éxito en al empresa privada? ¿Queremos seguir con esto que sólo sirve para que se busquen su mamandurria complementaria a base de "mordidas", "extrasueldos", comisiones, jubilaciones de oro, etc. etc.? ¿O queremos pagar un magnífico sueldo a nuestros políticos (sólo mientras realizan su labor) para tener a los mejores pero con unas leyes duras para que a quien se le pille con un euro en el bolsillo que no sea suyo acabe en la cárcel por un largo periodo, con pérdida de sus bienes y bajo el escarnio público?

Del modo actual, es normal que cuando más de 500.000 € firmas hayan pedido que se eliminen ciertas prebendas a los políticos cesados, se revuelvan como un miura enojado y se acojan, para no aceptarlo ni a trámite por si acaso, al artículo 72 de la Constitución, que dice:

 "Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales"

Cuando parece claro que debería prevalecer el 87.3 pues no es asunto que afecte a ninguna de las materias que en él se citan: 

"Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia."





Demos al César lo que es del César; pues no hay nada como tener un buen gestor para que resulte rentable a una empresa. Y no hay nada mejor que un gerente bien pagado para, si como ahora es preciso, reducir los gastos internos.

Es que, como diría mi abuela, miramos la peseta y tiramos el duro.